Más de medio millón de empleadas del hogar ven hoy más cerca su derecho a cotizar por desempleo. El Gobierno remitió hoy a las Cortes el convenio 180 de la OIT sobre el trabajo doméstico. Un paso que concluirá inevitablemente en el reconocimiento del derecho, según los sindicatos. Y que podría significar un encarecimiento del 7% en el coste del trabajo doméstico.

La remisión del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula el trabajo doméstico, y que España se resiste a ratificar, supone un paso más en la lucha por ganar la cobertura por desempleo para el trabajo doméstico.

En este momento las empleadas del hogar son junto a los trabajadores eventuales del campo las dos únicas ocupaciones a las que la Seguridad Social les niega el derecho a cotizar por desempleo. De fondo, late el temor a que crezca el fraude en las prestaciones por desempleo, debido a que, en el caso de las limpiadoras, sus empleadores, y los que generan por tanto el derecho, se encuadran fuera del segmento profesional. Es decir, se teme que se pueda producir una compra de prestaciones mediante cotizaciones a la Seguridad Social, a través de estos empleadores.

Se calcula que en España existen hoy unas 200.000 mujeres que trabajan al margen de la ley como empleadas domésticas. Otras 380.000 sí cotizan, en cambio, a la Seguridad Social, dentro de un sistema especial encuadrado en el régimen general.

Nueva cotización del 7% al 8,3%

El convenio 189 de la OIT trata de proteger a las empleadas del hogar de la explotación, y garantizarles que gozan de los mismos derechos que el resto de asalariados.

La ratificación del convenio, si pasa el trámite parlamentario, supondrá un empujón definitivo para que las empleadas del hogar puedan cotizar por desempleo; una de sus principales reivindicaciones, junto a la de acabar con el despido por desistimiento, una suerte de despido libre que faculta a sus empleadores a prescindir de los servicios de la empleada sin tener que justificar la causa, como en el resto de despidos.

Pero, además, otras características diferencian el trabajo de las empleadas domésticas del resto de asalariados. En primer lugar, su trabajo se realiza dentro de los hogares. Una situación que impide por ejemplo el acceso de los inspectores de Trabajo al domicilio donde prestan su servicio las empleadas domésticas.

La nueva cotización, en caso de que sea finalmente aprobada, encarecerá la contratación de las empleadas de hogar, entre un 7% y un 8,3%, suponiendo que se fije un tipo de cotización igual al del resto de los asalariados; indefinidos en el primer caso, temporales en el segundo.

En España se contabilizan más de medio millón de trabajadores del hogar; casi 560.000, para ser más exactos, según la última encuesta de población activa (EPA).

Sin embargo, apenas 360.000 están registradas como afiliadas en la Seguridad Social; lo que indica que unas 200.000 trabajadoras se hallan en situación irregular en este sentido.

Batalla judicial

La remisión a las Cortes del Convenio 189 de la OIT por parte del Gobierno se ha visto impulsada recientemente por la batalla legal ganada por una limpiadora en Vigo (Pontevedra), que reclamó su derecho a cotizar por desempleo. La reclamación motivó una consulta prejudicial del juez de Vigo que trató el caso, dirigida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que, por su parte, apreció una caso de “discriminación indirecta” por razón de sexo en el caso de la empleada del hogar, y reclamó a la Administración española que habilite un sistema para que los empleados del hogar (un 88%, mujeres) puedan cotizar.