Los empresarios han alertado hoy sobre las consecuencias de una nueva subida del salario mínimo sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes). Según su patronal, Cepyme, una subida del 8,2% —el extremo superior de la horquilla del informe de expertos que servirá para orientar la decisión— colocaría el salario mínimo una proporción del 70% del salario actual que cobran los trabajadores en las empresas de menos de 50 trabajadores, afirma la patronal, que pide al Gobierno “moderación y prudencia” a la hora de fijar la nueva subida.

Los empresarios alertan de los efectos de una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) una día antes de la reunión que mañana miércoles mantendrá el ministerio de Trabajo y los sindicatos, con la destacada ausencia de CEOE —la gran patronal; molesta por un asunto que también se ventila esta semana: la recuperación del control de los ERE por parte de la Inspección de Trabajo—, y un día después de que el comité de expertos señalara en su informe al Gobierno la escasa incidencia que han tenido anteriores subidas del salario mínimo sobre el ritmo de creación de empleo.

La subida prevista —entre el 4,6% y el 8,2%, según este informe— “no tendría por qué afectar al comportamiento del empleo de forma significativa”, señalaban los expertos en el documento conocido ayer.

Sin embargo, los empresarios —que no acudirán mañana a la cita; y celebran un cónclave a la misma hora para precisar su ruptura con el Gobierno— negaron hoy este diagnóstico de los expertos y pusieron cifras a la destrucción de empleo que las sucesivas subidas del salario mínimo ha tenido, en su opinión, para la economía española.

Según las pymes, desde 2018, la subida del salario mínimo cercana al 36% ha “evitado” que 145.000 personas encuentren trabajo, y destruido además 71.000 empleos adicionales, sobre todo entre trabajadores poco cualificados o sin experiencia.

Los empresarios niegan que España tenga uno de los salarios mínimos de Europa. Y afirman, por el contrario, que, si se mide con el salario medio del país, este umbral mínimo es “uno de las más caros de Europa”.

Así, consideran que, si el salario mínimo sube hasta 1.082 euros en 2023, se colocará en el 60% del salario medio español, tal como prometió el Gobierno, y como ordena la Carta Social Europea. Sin embargo, Cepyme afirma que casi ningún país cumple esta Carta Social, pues “solo en dos países el salario mínimo supera el 50% del salario medio: España y Grecia”.

En 15 países, esta relación es inferior al 45% (entre ellos Países Bajos y Alemania; argumentan), mientras que otros seis carecen de este listón mínimo legal para las rentas del trabajo.

En clave interna, Cepyme fija el foco en dos sectores, como son la hostelería y el comercio, donde, si el salario mínimo se sube un 8,2%, ese listón se situará prácticamente en el salario medio de esa rama de actividad, en el caso de la hostelería, y en una proporción del 70%, en el comercio; lo cual afecta a 1,5 millones de personas y 2,5 millones, respectivamente.

Pero el mayor énfasis lo pone Cepyme en el conjunto de las pymes; o al menos en las que tienen menos de 50 trabajadores, donde se paga de media poco más de 1.500 euros al mes, en catorce pagas; y donde una subida del 8,2% colocaría la proporción en casi un 71%, comparando el salario mínimo con el medio.

Así, argumentan los empresarios, mientras las grandes empresas pagan de media el doble de esos 1.082 euros al mes, en catorce pagas; las pymes apenas pagan un 40% más; o visto desde el otro lado, la subida hasta 1.082 euros colocaría el salario mínimo en las pymes en un 70,7% del salario medio en esta franja de tamaño empresarial.

En cuanto al campo, otro de los sectores más afectados por la subida del salario mínimo, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, pidió que se tenga en consideración a esta rama productiva, o al menos que se apruebe paralelamente una compensación, como se hace, dijo, en otro países.

CEOE no acude a la reunión

La advertencia de Garamendi vino precedida de nuevas muestras del disgusto empresarial con el Gobierno, ante la votación que este jueves se celebra en el Congreso sobre una enmienda a la Ley de Empleo, y que servirá para precisar la obligación de los Inspectores de Trabajo de comprobar que los empresarios se ajustan a las causas alegadas a la hora presentar una despido colectivo, mediante expediente de regulación de empleo (ERE).

Un enfado que la pasada semana provocó que los empresarios dieran por roto cualquier diálogo con el ministerio de Trabajo, tras acusar a la titular del ramo, Yolanda Díaz, de “traicionar” la negociación de la reforma laboral, al recuperar un tema que sirvió como moneda de cambio para sellar aquella reforma, según los empresarios; aunque la ministra lo niega.

Hoy el líder del sindicato CCOO, Unai Sordo, ironizó sobre la posición de CEOE ante algo “tan revolucionario” como que los inspectores de Trabajo comprueben la veracidad de las causas alegadas por las empresas para despedir a parte de su plantilla.

Sordo culpó a los empresarios de borrarse de la negociación sobre el SMI con “excusas de mal pagador”, al tiempo que reclamó elevar el salario mínimo incluso por encima de la parte máxima de la horquilla manejada por los expertos; es decir, por encima del 8,2%; al igual que el otro sindicato que participa en la negociación, UGT, que reclama una subida del 10% de esta renta, hasta 1.100 euros, en catorce pagas, habida cuenta de la elevada inflación.

Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, reclamó hoy que la subida del salario mínimo interprofesional, que cobran unos dos millones de personas en España, afirmó, tome como referencia la subida del 3,5% aplicada en la Administración.

Los negociadores, sin la presencia de CEOE, se reunirán mañana, miércoles, en la sala Oval del ministerio de Trabajo, a primera hora de la mañana para abordar la subida de esta renta, en una negociación, que, aunque es consultiva, luego deberá llevarse a uno de los dos Consejos de Ministros que restan de este año; o, si no, en enero, aunque con efectos retroactivos, según ha anunciado Díaz.