Foto: Alberto Ortega – Europa Press

El País Vasco y Navarra eximirán del impuesto sobre la renta a las indemnizaciones que cobren los beneficiarios del fondo de compensación a las víctimas del amianto. En cambio, en el resto de España, estas indemnizaciones estarán sujetas a una tributación de hasta el 47%; si nada cambia durante el tramo final de la aprobación del fondo.

En junio, con cinco meses de retraso, estará listo el reglamento; imprescindible para la puesta en marcha del fondo.

Las Juntas Generales de Guipúzcoa aprobaron a ayer por unanimidad la exención fiscal para los beneficiarios del futuro fondo de compensación a la víctimas del amianto. En próximas fechas, se prevé que las Juntas de Vizcaya y Álava, y el Parlamento Foral de Navarra, aprueben iniciativas similares, que eximan de este impuesto a las indemnizaciones, informa el sindicato CCOO.

La iniciativa de las Juntas Generales de Guipúzcoa, presentada por el grupo Elkarrekin Podemos, contó con el voto favorable de los socialistas vascos.

CCOO, junto a UGT y la federación estatal de asociaciones de víctimas del amianto Fedavica, viene reclamando la exención fiscal para las víctimas que puedan beneficiarse del fondo de compensación.

El reglamento, listo en junio

El fondo de compensación a las víctimas del amianto se aprobó el pasado mes de octubre. La llegada del fondo fue saludada por los sindicatos y las asociaciones de víctimas, después de una larga carrera reivindicando su creación. Sin embargo, la medida dejó fuera la exención fiscal de las indemnización.

Ayer, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, informó en el Senado de que el reglamento, la última pieza necesaria para echar a andar el fondo, estará listo a finales de junio; con cinco meses de retraso sobre el plazo máximo dictado por la propia normativa de creación del fondo.

En su fase de creación, los sindicatos y las víctimas acusaron al Gobierno y al Grupo Socialista en el Congreso y en el Senado de haberles “engañado” en lo relativo a esta exención fiscal, según CCOO. Los parlamentarios socialistas instaron a las víctimas a encauzar dicha exención a través de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. Pero luego el Gobierno vetó dicha enmienda, durante su tramitación en el Congreso, echando abajo la exención fiscal.

Hoy, los sindicatos UGT, CCOO y las víctimas han salido a “desmentir” al ministro Escrivá, después de que este alegara ayer en el Senado, según CCOO, que son las víctimas quienes piden que “no sea un fondo, sino una prestación del INSS” las ayudas recibidas por parte del Estado.

“En todas las reuniones que Fedavica, UGT y CCOO hemos mantenido con los grupos parlamentarios durante la tramitación de la Ley hemos defendido la necesidad de que se mantenga el espíritu de la proposición de Ley del Parlamento Vasco que da origen al Fondo, que definía al instrumento como un fondo de compensación y a las cantidades a percibir por las personas afectadas como indemnizaciones”, afirman sindicatos y víctimas.

“En las dos reuniones celebradas con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a propósito del reglamento, en ningún momento se ha abordado esta cuestión, ni por parte del Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones ni muchísimo menos por nuestra parte”, añaden.

Los sindicatos y las víctimas insisten en la necesidad de que se apruebe la exención fiscal con anterioridad a la publicación del reglamento. De este modo se lograría que las víctimas se beneficien de la exención desde un primer momento, en la tramitación de las indemnizaciones.

“Así nos ahorraríamos el espectáculo de ver como víctimas de otras comunidades autónomas se empadronan en el País Vasco y Navarra para evitar tener que tributar el 47% del conjunto de sus ingresos de ese año”, agregan.

La exención del IRPF es un derecho que gozan otras víctimas com las del terrorismo o los enfermos de VIH. También está reconocida dicha exención en caso de indemnización reconocida por sentencia judicial.