La ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció hoy en Moscú su intención de aplicar “políticas de activación de los desempleados”, una vez consumada la reforma laboral aprobada el año pasado y cuya aplicación ha servido para transformar hondamente el mercado de trabajo.

La ministra, que participa en una reunión de ministros de Empleo del G20 en la capital rusa, defendió una “reforma” de la gestión del desempleo a fin de “reducir el tiempo de búsqueda de un empleo” por parte de los desempleados y como un “complemento imprescindible” de la reforma del mercado de trabajo que se aprobó en 2012.

Báñez destacó además que es necesario vincular la percepción de subsidios con la formación de los parados, lo que se conoce en la jerga del sector como “la vinculación entre políticas activas y pasivas”, según subrayó en un encuentro con la prensa la ministra. Pidió además “apoyarse en la experiencia del sector privado” a la hora de colocar a los parados. Y reclamó otras reformas estructurales para impulsar la competencia en el mercado de bienes y servicios.

Partidaria de endurecer las sanciones a los parados

No es la primera vez que la ministra aboga por cambiar el régimen de percepción del paro. En unas jornadas sobre la reforma laboral organizadas por Aranzadi hace unas semanas, Báñez defendió modificar la “capacidad sancionadora” de los servicios públicos de empleo en casos de cobro indebido de prestaciones por desempleo. En esa ocasión, la titular de Empleo se apoyó en algunas “sentencias” que aconsejan, en su opinión, endurecer el régimen sancionador del antiguo Inem.

La reforma del sistema español de prestaciones del paro es un asunto largamente reclamado desde muchos sectores. Hay quien aboga por aumentar la cuantía de las ayudas y acortar a cambio su período de percepción, de 24 meses como máximo en la actualidad. En este sentido, el Gobierno de Rajoy ya recortó el importe de la prestación a partir del séptimo mes, desde un 70 por ciento a un 60 por ciento de la base reguladora.

Una reforma sin presupuesto

Otra reforma cuya necesidad suscita cierto consenso es la vinculación entre el cobro de las ayudas y el compromiso de formarse o buscar empleo por parte del desempleados. En este sentido, España ha llegado a gastar hasta 3.000 millones de euros al año en estas llamadas políticas activas de empleo, si se incluyen las llamadas bonificaciones (los descuentos a la Seguridad Social a los empresarios al contratar). Con la llegada del PP, esa partida sufrió una amputación superior al 60 por ciento con el argumento de que gastar mucho no es gastar bien.

Otros países han conseguido buenos resultados en este campo. Pero se precisa invertir mucho, si no se quiere limitar la reforma a una simple vuelta de tuerca a las sanciones contra los parados, acompañada de la entrada en el sector de las agencias de colocación privadas; dos aspectos que centran los temores de muchos ante las maniobras del Gobierno en este sentido.

Los éxitos de la concertación social

La ministra, que ha participado en la reunión de ministros de Empleo celebrada en Moscú, ha presumido además de los resultados de la concertación social en España, sin acordarse de las dos huelgas generales convocadas contra su Gobierno en un plazo inferior a un año. Báñez ha dicho que el diálogo social ha hecho posible el desarrollo de la llamada Estrategia de Emprendimiento y Empleo joven, un plan de empleo que pone el acento en la conversión en autónomos de los parados, entre otras medidas. Precisamente CCOO ha destacado hoy el escaso eco que ha encontrado la figura del autónomo dependiente o TRADE, con apenas 7.100 contratos cuando se pensó para 250.000 hace cinco años con su entrada en vigor.

En la Cumbre también han participado los sindicatos de los países del G20. En la llamada cumbre sindical del G20, el líder de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, ha participado en el panel sobre las ‘Estrategias de crecimiento y recuperación’, junto con el director general de la OIT, Guy Ryder; el secretario general de la OCDE, Ángel Gurria, y otras figuras relevantes del mundo sindical y del trabajo. En su intervención, Toxo ha cargado contra las políticas de austeridad aplicadas desde 2010 y las “mal llamadas” reformas estructurales que, junto con el trasvase de deuda privada a deuda pública, han provocado que “Europa vuelva a la recesión”.