El pulso continúa. El jefe de la patronal, Juan Rosell, exigió hoy al Gobierno que reconsidere su decisión de hacer cotizar a las empresas por los pagos en especie, como cheques guardería, restaurante o planes de pensiones. La exigencia fue lanzada por Rosell apenas unas horas después de que el máximo responsable de la Seguridad Social, Tomás Burgos, descartara cambios de calado en el proceso de desarrollo de la norma.

Los pagos en especie y la nueva obligación de cotizar distancian a Gobierno y patronal. El jefe de la patronal, Juan Rosell, reclamó este martes al Ejecutivo que mire “con buenos ojos” los consejos que la patronal le ha hecho llegar en sucesivas reuniones con los responsables del departamento de Empleo que dirige Fátima Báñez.

Lo llamativo es que las palabras de Rosell -lanzadas el día en que se conoció el dato de paro de enero, que rompe la racha de descensos- llegaron apenas unas horas después de que el responsable de la Seguridad Social reafirmara la posición del Ejecutivo de no retirar los pagos. Así, Burgos negó que el Ejecutivo se plantee dar marcha atrás en lo relativo a las nuevas cotizaciones que las empresas se ven obligadas a afrontar desde el pasado 1 de enero. Todo lo más, dijo, el Gobierno “aclarará” las nuevas obligaciones en el proceso de desarrollo reglamentario del real decreto-ley que modificó en diciembre la legislación.

Burgos insistió que el Ejecutivo no modificará la norma y que los futuros reglamentos “no modifican, ni mucho menos contravienen” el contenido aprobado en diciembre; tan solo se pretende -además de “clarificar”- ganar seguridad jurídica en su aplicación, sentenció.

Rosell pide ir sector por sector

Sin embargo, el presidente de la patronal hizo oídos sordos a las admoniciones del Gobierno. Horas después de conocer la negativa, el jefe de CEOE, Juan Rosell, lanzó una velada advertencia al Gobierno. Rosell dijo que, en aplicación de la norma, algunos sectores no podrán paliar el incremento de cotizaciones; lo cual, y aunque Rosell no lo dijo así, se traduce en más despidos.

Dicho esto, precisamente el día que se conoció el incremento del paro en 113.000 personas en enero, el jefe de la patronal se enredó a continuación en que, el de las cotizaciones, es un tema “muy técnico”, si bien advirtió al Ejecutivo que debe mirar “con buenos ojos” la propuesta llegada desde la patronal. Un tema sobre el cual los patronos no han logrado de momento nada más que una ampliación de plazo, hasta mayo, para que las empresas hagan frente a los nuevos pagos.

Rosell fue más allá y concretó algo su propuesta pidiendo al Ministerio que estudie la repercusión de la medida en cada sector. “Cada convenio es una historia”, dijo, y es mejor “valorarlo subsectorialmente”.

“Estamos explicándole al Ministerio la problemática de cada sector, porque las valoraciones económicas eran tremendamente complicadas y complejas”, dijo Rosell.

El Gobierno no valora las repercusiones, según expertos

A pesar del revuelo montado, los patronos tan solo han conseguido que el Gobierno aplace dos meses -hasta mayo- el plazo para satisfacer las nuevas cotizaciones ante el instituto de previsión social. Con las nuevas cotizaciones, el ministerio confía en recaudar 900 millones de euros anuales gracias a la obligación de cotizar por pagos antes excluidos como los cheques restaurante o guardería, los planes empresariales de pensiones y otras retribuciones.

Mientras tanto, algunas voces remarcan la incoherencia de la política del Gobierno en esta materia, que después de promover una devaluación salarial -mediante la reforma laboral de 2012- penaliza ahora una posible vía de compensación del poder adquisitivo perdido por los trabajadores, sin analizar además las repercusiones que el recargo puede ocasionar en sectores como la hostelería, la educación, las guarderías, los seguros o las entidades que gestionan planes de pensiones, según advierte este martes el profesor de derecho laboral, Jesús Lahera, en un artículo publicado en ‘Cinco Días’.

Sin embargo, el Ejecutivo defiende su decisión con el argumento de que la exención de cotizar se había convertido en una vía de agua para las arcas de la Tesorería de la Seguridad Social, el organismo pagador de las pensiones, cuyo déficit supera los 10.000 millones anuales. Así, destaca Empleo, algunas empresas habían encontrado en los pagos en especie una salida para evitar el pago de cotizaciones. Por lo cual, sentencia, se decidió a acabar con esta “ingeniería retributiva”, afirma.