En este sentido, ha pedido una «revisión profunda» de la normativa Euro 7 y ha reclamado «una posición más ambiciosa» por parte del Gobierno de España, en sintonía con los planteamientos de Alemania y de otros países, en esa necesidad de revisar el actual planteamiento de la Comisión Europea.

Según ha explicado López-Tafall a preguntas de los periodistas este jueves con motivo del primer Congreso Future Mobility Challenges, organizado por el Cluster de Automoción de Castilla y León, FACYL, en Valladolid, lo que se planteado ahora es una «propuesta inicial» de Reglamento, «que en el mejor de los casos será a finales de este año».

Dicho esto, ha precisado que detrás de ese Reglamento llegarán «un conjunto de medidas de detalle técnico» que pueden durar hasta dos años para que conocer con exactitud cuáles son. «Y, sin embargo, el plazo de implantación es 2025», ha lamentado el director de Anfac que ha insistido en que eso supone que no hay «tiempo material para adaptar los motores», lo que obligaría a parar la producción para adaptar las líneas existentes y lanzar los nuevos propulsores que se adapten.

«La industria no es algo con lo que se pueda jugar ni parar un día y pensar que al día siguiente se arregla. Estos son procesos inversores grandes que llevan tiempo y, si eso sucede, habría riesgo de parada de líneas de producción«, ha reiterado el director general de Anfac que insistido en que tal y como está planteada la propuesta «no tiene lógica industrial» ya que «despista» las inversiones en las que el sector ha puesto el foco, 2035 y el fin de los vehículos de combustión.

«Por tanto, necesita una revisión profunda», ha concluido José López-Tafall que ha recordado que el sector ha trasladado estas inquietudes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, según ha asegurado el directivo, se mostró «sensible» a esta una problemática «que afecta muy especialmente la industria española» por su especialización en la parte de combustión, «que cada vez es menor pero sigue siendo la mayoritaria en vehículos de menor tamaño».

Eso conllevaría que los costes unitarios de las inversiones adicionales pesen más en el coste final lo que llevaría a perder más competitividad que otros países, por lo que ha reclamado «una posición más ambiciosa de España en cuanto a la necesidad de revisar Euro 7 siete», en sintonía con los planteamientos de Alemania y de otros países. «Más claro no lo hemos podido decir», ha sentenciado.