El Congreso convalidó este jueves el decreto de reforma laboral aprobado por el Gobierno, con el apoyo de PP, CiU, UPN y FAC. La norma, que está vigente desde el 12 de febrero, sufrirá cambios durante su tramitación como proyecto de ley. Entre estos cambios, CiU ha anunciado hoy el acuerdo alcanzado con el Partido Popular para enmendar las políticas activas. Gracias al acuerdo, esas políticas de formación y de estímulo al empleo continuarán en manos de las comunidades autónomas.

“Venceréis, pero no convenceréis”, le espetaron hoy al Gobierno los grupos de la oposición que votaron en contra de la reforma laboral, un total de 142 votos frente a los 197 votos afirmativos cosechados por el decreto ley en la votación que este jueves tuvo lugar en el Pleno del Congreso. La cita del escritor vasco Unamuno, pronunciada en la antesala de la Guerra Civil, sirve para describir la algarabía que reinó hoy en algunos momentos del debate.

El Gobierno defendió una reforma que, además de crear “empleo más estable”, “contribuirá a dinamizar la negociación colectiva”, según afirmó la ministra de Empleo, Fátima Báñez. En contra, PSOE, Izquierda Plural, PNV, UPyD y el resto del Grupo Mixto, centraron sus críticas en los cambios que sufrirá esta negociación de convenios–donde, según estimó la portavoz de UPyD, Rosa Díez, “el Gobierno se ha pasado de frenada”-. Los grupos de la oposición criticaron asimismo el “exorbitante” poder en manos del empresario desde la entrada en vigor de la reforma, afirmó el portavoz del Grupo Vasco, Emilio Olabarría.

El portavoz de Empleo de CiU, Carles Campuzano, anunció un acuerdo con el Partido Popular sobre políticas activas. “Hemos garantizado unas políticas activas adaptadas a las necesidades de cada territorio”, recalcó. En su opinión, la reforma laboral del PP “será útil no tanto en la generación de empleo, sino en la mejora de la competitividad de las empresas”.

La negociación colectiva baja a las empresas

Por su parte, Fátima Báñez defendió que la reforma es una apuesta por una negociación colectiva “más dinámica”. Las intervenciones de la ministra estuvieron marcadas por el enfrentamiento con la portavoz socialista, Soraya Rodríguez.

Para la ministra, la reforma “amplía las facultades negociadoras de los agentes sociales” en el seno de la empresa. Por ello, Báñez ha pedido “confianza en la buena voluntad de las partes”, en referencia a los asuntos que empresarios y sindicatos tendrán que negociar a partir de ahora a nivel de la empresa, y no en el sector. Algunos expertos en derecho laboral, como Juan Antonio Sagardoy, afirman que la reforma abre en este sentido un nuevo período para las relaciones entre empresarios y sindicatos.

Báñez niega posibles despidos de “funcionarios”

La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, criticó la reforma por abrir una puerta al despido de funcionarios. En concreto, Rodríguez dijo que el PP ha aprobado la norma para facilitar la reducción del déficit “en los ayuntamientos” mediante el despido de trabajadores laborales fijo. Una posibilidad rechazada por la ministra, quien dijo que “los funcionarios van a seguir conservando sus derechos”.

En opinión de Rosa Díez, de UpyD, la reforma del PP no resuelve el problema de la dualidad entre contratos indefinidos y temporales. Díez pidió al Gobierno valentía para abrir un debate sobre la necesidad de mantener los contratos temporales, y abogó por la simplificación del número de contratos, en línea con su apoyo tradicional al ‘contrato único’.

Por su parte, el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, afirmó que la reforma “solo beneficia a las grandes corporaciones” y criticó al Gobierno por “intentar engañar a los ciudadanos”. Además, censuró el poder que la reforma pone en manos de los empresarios a la hora de cambiar unilateralmente salarios, jornadas y horarios. “La flexibilidad es pactada y la desregulación es unilateral”, concluyó.

Por su parte, CiU avanzó la dirección de algunas de sus enmiendas. En concreto, los catalanes pretenden recuperar el permiso administrativo en los expediente de regulación de empleo (ERE) y reforzar la “eficacia” de los planes sociales que deben desarrollar los empresarios en beneficio de los trabajadores despedidos a través de un ERE.

Respuestas de Fátima Báñez en la web del Ministerio de Empleo a trece preguntas sobre la reforma laboral.