La injusta persecución de las mecánicas diésel entre los particulares tiene, como no podía ser de otra forma, simples razones espurias. La gasolina paga un mayorimpuesto de matriculación, así que la recaudación ha subido más del 30%. La caída en las ventas de los vehículos movidos por gasóleo y el nuevo protocolo para medir las emisiones han sido los principales causantes de que el gobierno recaudara con ello 513 millones de euros durante el 2018, un incremento del 31,6% con respecto al año anterior (120 millones de euros más, según datos de la Agencia Tributaria)

Y es que el año pasado, por primera vez en 20 años, las matriculaciones de los vehículos propulsados por gasolina superaron a las del diésel. La consecuencia principal de esta situación ha sido el incremento de las emisiones de dióxido de carbono por vehículo y, por ende, que el impuesto de matriculación registre cifras ‘récord’. Así, durante el año pasado, la cuota media de esta tasa por cada vehículo matriculado aumentó un 22%, hasta los 377 euros por coche, según informa la patronal de concesionarios Faconauto.

Esta tendencia se está dando a nivel europeo, ya que la demanda de coches diésel ha caído en el viejo continente cerca de un 20% en el último año y este tipo de vehículos ya sólo suponen apenas una de cada tres matriculaciones (el 36%). Es por ello que en 2018 la media de emisiones de CO₂ en Europa se incrementó en 2,4 g/km, hasta llegar a los 120,5 g/km, una cifra que no se había alcanzado desde 2014.

La fiebre SUV también ha contribuido a elevar la cifra de emisiones, ya que este tipo de vehículos, por su mayor tamaño y peso, emiten lógicamente más, y su cuota de mercado está ya por encima del 35%. Directivos de enorme peso, como Carlos Tavares, al frente de PSA Groupe, ya han dado la voz de alarma sobre los objetivos de reducción de emisiones poco realistas, ya que pueden poner en riesgo millones de empleos en la Unión Europea. Avisados estamos.