El desacuerdo sobre qué hacer cuando un convenio colectivo ha caducado amenaza con llenar los juzgados de lo social en Euskadi. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) afirmó este miércoles que no dudará en promover un colapso del orden laboral si los empresarios persisten en su empeño de dar por terminados los convenios colectivos de manera unilateral. Un bloqueo que afecta especialmente al sector privado vasco pero también a la Comunidad de Madrid –esta vez en el sector público– y a los trabajadores del transporte de mercancías de Barcelona.

El conflicto por el fin de los convenios colectivos dictado por la reforma laboral continúa enquistado en Euskadi. Fuentes consultadas cifran en 200.000 el número de afectados en esta comunidad autónoma. CCOO no dio cifras aunque sí reconoció que el problema se mantiene en “buena parte” de los convenios del ámbito privado del País Vasco, algo insólito en el conjunto de España.

De nada en esta comunidad autónoma ha servido el acuerdo firmado por empresarios y sindicatos el pasado mes de mayo. En este pacto, agregado al II Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (II AENC), los empresarios y los representantes sindicales se comprometieron a impulsar la negociación de convenios colectivos después del bloqueo que sufrió este campo, a la espera de la llegada del 8 de julio.

El acuerdo entre empresarios y sindicatos permitió rebajar rápidamente el número de afectados de 3,5 millones a unos 700.000. Se buscaron básicamente tres soluciones. O bien se prorrogó el convenio, o se firmó uno nuevo, o se pactó una salida negociada a través de los mecanismos de arbitraje o resolución extrajudicial de conflictos, una vía que permite esquivar los juzgados, un camino costoso y siempre incierte.

El pacto entre empresarios y sindicatos buscó la manera de solucionar el vacío abierto por la reforma laboral. Esta reforma estableció fecha de caducidad para los convenios colectivos. Antes los pactos se prorrogaban indefinidamente mientras no se firmara uno nuevo. Pero el Gobierno del PP pensó que acabar con esta llamada ‘ultraactividad’ dinamizaría la vida laboral y permitiría a las empresas adaptarse mejor a la situación económica del país. Esto afecta solo a los convenios denunciados antes de 2012.

Hacia una devaluación masiva

Euskadi es el único territorio donde los empresarios están optando de forma preferente por dar el finiquito a los convenios colectivos. ¿Qué sucederá a partir de ahora? Al perder su convenio, los trabajadores pierden también la regulación que atañe a cuestiones esenciales de la vida en una empresa, tales como el régimen salarial y disciplinario, las categorías laborales y hasta quien puede ejercer cada función, la llamada movilidad funcional, muy valorada por los empresarios.

Cuando el convenio se evapora, las empresas pasan a regirse por el acuerdo del ámbito inmediatamente superior. Y, si no existe, el nuevo orden laboral se determina por el Estatuto de los Trabajadores, un texto que empeora notablemente las condiciones de trabajo. En materia salarial, por ejemplo, esta norma recoge tan solo un salario mínimo, fijado actualmente en 645 euros.

Conflictos en las empresas y los juzgados

La rebelión sindical llenará los juzgados pero también podría paralizar las empresas. Así lo recordó hoy la secretaría de acción sindical de CCOO desde donde se afirmó que el sindicato dará “respuesta judicial y jurídica” a todas las anulaciones de convenios decididas unilateralmente por patronales o empresas.

La secretaría que dirige Ramón Górriz sostuvo que el límite a la ultraactividad puesto por la reforma laboral “busca fomentar la devaluación interna” de la economía española, es decir, abaratar los productos y servicios españoles por la vía de los salarios ante el hecho de que ya no existe la posibilidad de hacerlo con la moneda, por la pertenencia al euro.

CCOO recuerda que el pacto entre empresarios y sindicatos ha funcionado bien en la “mayoría” de los sectores y de las comunidades autónomas, aunque señala las “excepciones más notables” en el País Vasco, donde “buena parte” de los sectores de actividad privados parecen dispuestos a rebajar salarios y derechos ante el fin de la ultraactividad. Otras excepciones, añade, se dan en el sector público de la Comunidad de Madrid y en el sector de transportes de mercancías por carretera de Barcelona.

Además, según CCOO, en la mayoría de los casos conocidos las notificaciones afectan a convenios que cuentan con cláusula sobre ultraactividad establecida con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de reforma laboral, lo que implica, agregan, “una grave irresponsabilidad empresarial que aboca al conflicto jurídico” puesto que las cláusulas sobre ultraactividad acordadas entre las partes tienen plena validez legal, sostiene, basándose en una posición que viene avalada, afirma, por “importantes juristas del Derecho del Trabajo”.