Solo unas horas antes, el presidente había contestado con aire cansado y cara de pocos amigos a una pregunta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre si cree en la Justicia. Su respuesta fue: “Pues fíjese, en un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país”. Sánchez se refería implícitamente a la investigación sumarial abierta por el juzgado 41 de Madrid contra su compañera Begoña Gómez. Según una información difundida a última hora del martes, 23 del corriente, ese juzgado ha admitido una denuncia de Miguel Bernad, un tipo que al frente del ente Manos Limpias se dedica a instrumentar causas judiciales para cobrar importantes cantidades de dinero de bancos y empresas. Sus supuestas extorsiones eran, por lo visto, plenamente legales, ya que fue absuelto recientemente. En su denuncia contra la esposa del jefe del Gobierno la acusa de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por su tarea en el IE África Center.

Como es sabido, el líder del PP, Núñez Feijóo, abrió la veda contra la esposa del presidente desde que éste le reclamara en el Pleno del Congreso hace dos meses que pidiera la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las mordidas millonarias de su pareja de hecho, Alberto González Amador, en la contratación de mascarillas durante la pandemia. El novio de Ayuso, que obtuvo dos millones de euros por sus gestiones enmascaradas e incurrió en delito de fraude fiscal, ha intentado por todos los medios evitar el juicio para no dañar a Ayuso.

A partir de la respuesta de Feijóo, aludiendo a la familia de Sánchez, como la vía correcta para defender a Ayuso, el lanzamiento de fango contra la persona más cercana al presidente ha sido constante. Las informaciones sesgadas, cuando no abiertamente mendaces, de algunos medios remunerados por las derechas sobre Begoña Gómez han culminado con la formación de una resma de fotocopias como base de la denuncia del señor Bernal. Con anterioridad, Feijóo utilizó la vía administrativa, apelando a la Comisión de Vigilancia y Control de Alto Cargos por si Sánchez hubiera incurrido en falta o irregularidad para beneficiar a su compañera. No hubo tal.

Por lo demás, la semana parlamentaria ha dejado asuntos tan significativos como el rechazo del PP a la ayuda humanitaria a los palestinos de la masacrada franja de Gaza y los también desaforados intentos del acendrado pro israelí Elías Bendodo de vincular al exministro de Sanidad y candidato socialista a la presidencia de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, con la “trama Koldo” de compra de mascarillas. “La justicia le pisa los talones”, llegó a afirmar Bendodo sobre Illa, quien aclaró que habló una vez con Koldo y para indicarle que se dirigiera a los técnicos de su departamento, que, por cierto, no utilizaron sus servicios. Koldo compareció en la comisión de investigación paralela auspiciada por el PP en el Senado, pero sólo contestó al portavoz del PP que le llamó “miserable”, recordando el refrán: “Cree el ladrón que todos son de su condición”.

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Si la pregunta textual del jefe de la oposición al de gobierno era tan genérica como resbaladiza: “¿A quién consulta usted como Presidente?”, decía en el orden del día, la del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, fue muy concreta y directa: “¿Cree usted en la Justicia?” Se refería al sistema judicial y lo que interpretó como prácticas averiadas en el tratamiento del “procés”, el espionaje a los dirigentes independentistas catalanes, la imputación de “terrorista” a Puigdemont y otros “promotores” del “tsunami democratic” e, incluso, al espionaje con el sistema Pegasus al propio jefe del Ejecutivo y al menos un ministro. La respuesta del presidente Sánchez fue también muy concreta: “Pues fíjese, en un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país”.

El presidente se refería implícitamente a la investigación sumarial abierta por el juzgado 41 de Madrid contra su esposa Begoña Gómez. Según una información difundida a última hora del martes, 23 del corriente, ese juzgado ha admitido una denuncia de Miguel Bernad, un tipo que al frente del dizque sindicato Manos Limpias, se dedica a instrumentar causas judiciales para cobrar importantes cantidades de dinero de bancos y empresas. Las supuestas extorsiones eran, por lo visto, plenamente legales, ya que el autor ha sido absuelto recientemente. Su denuncia contra la esposa del jefe del Gobierno la acusa de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por su tarea docente en el IE África Center.

Como es sabido, el líder del PP, Núñez Feijóo, abrió la veda contra la esposa del presidente desde que éste le reclamara en el Pleno del Congreso hace dos meses que pidiera la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las mordidas millonarias de su pareja de hecho, Alberto González Amador, en la contratación de mascarillas contra la pandemia del coronavirus. A partir de la respuesta de Feijóo aludiendo a la familia de Sánchez, ningún familiar ha quedado exento de severas observaciones o espionajes.

La verdad es que la expresión de Sánchez “en un día como hoy” se refería también a la responsabilidad judicial por la fuga del presunto jefe de la Mocro Mafia holandesa, Karim Bouyakhrichan, a quien la Audiencia Provincial de Málaga concedió la libertad cautelar hace dos meses después de depositar una fianza de 50.000 euros. El capo mafioso iba a ser llamado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y por un jugado de Marbella ante el que tiene causas pendientes, pero se ha esfumado tan solo una semana después de que la monarquía holandesa agradeciera a la española la acción policial y judicial contra el poderoso y dañino delincuente.

Por lo demás, la semana parlamentaria ha dejado asuntos tan significativos como el rechazo del PP a la ayuda humanitaria a los palestinos de la masacrada franja de Gaza y los también desaforados intentos del acendrado pro israelí Elías Bendodo de vincular al exministro de Sanidad y candidato socialista a la presidencia de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, con la “trama Koldo” de compra de mascarillas. “La justicia le pisa los talones”, llegó a afirmar Bendodo sobre Illa, quien aclaró que habló una vez con Koldo y para indicarle que se dirigiera a los técnicos de su departamento, que, por cierto, no utilizaron sus servicios. Koldo compareció en la comisión de investigación paralela auspiciada por el PP en el Senado, pero sólo contestó al portavoz del PP que le llamó “miserable”, recordando el refrán: “Cree el ladrón que todos son de su condición”.

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La comisión empieza a funcionar el lunes con la comparecencia del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, un político honrado al que hemos de agradecer su temple y capacidad de diálogo con los presidentes y consejeros autonómicos competentes en materia sanitaria. Es probable que a estas alturas se pueda precisar el número de fallecidos, si fueron 122.000 o fueron más. La cifra oficial frisaba esa cantidad hasta el 30 de junio del año pasado, según la agencia EP.Data. Y el número de españoles diagnosticado de coronavirus hasta esa fecha se cifraba en torno a 14 millones de personas de todas las edades.

Si, la pandemia se llevó a muchos, demasiados seres queridos. Pero fue también la gran oportunidad de la derecha extrema y la extrema derecha de enseñar las garras de una oposición cruda y acerada. El PP no soportó más de 15 días de confinamiento para evitar muertos y no apoyó las sucesivas prórrogas solicitadas por el Gobierno al Congreso ni votó a favor de una sola medida contra la pandemia. Muchos de sus dirigentes, como la señora Ayuso en Madrid, respaldaron manifestaciones de protesta contra el cierre de establecimientos no imprescindibles, bares, sobre todo. Y la ultraderecha protagonizó manifestaciones en coches y autobuses en la capital, algo insólito que solo ocurrió en España.

La oposición infundada de las derechas nacionales quedó de relieve contra las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez para salvar los puestos de trabajo con la aplicación de ayudas a las empresas y el pago de salarios a través de los expedientes de regulación temporal de empleo (Ertes) durante el periodo de inactividad. Las garras aceradas y las lenguas afiladas de esas derechas patrioteras anduvieron prestas a destrozar a Sánchez cuando vieron que el presidente español era capaz de encabezar o liderar la respuesta común de la Unión Europea (UE) en el terreno económico y social. Cierto es que sus maniobras quedaron reducidas a un flautus vocis por sus correligionarios. A mayor ridículo, no renunciar a denunciar poco menos que el latrocinio de los fondos europeos por parte del malvado Sánchez aun antes de recibir un euro.

De los supuestos latrocinios (o mordidas) deberán responder precisamente la señora Ayuso a cuenta de las mascarillas que permitieron a su novio (pareja de hecho) embolsarse dos millones de euros con un amigo y colega del grupo sanitario Quirón. Por cierto que la sanidad privada le ofreció camas para los enfermos de Covid en las residencias de ancianos dependientes de la Comunidad de Madrid, donde murieron aislados 7.291 personas mayores. El protocolo sanitario dictado por el gobierno regional de Ayuso y con el que ni el consejero del ramo estaba de acuerdo (dimitió) disponía que se les mantuviera encerrados hasta que sanaran o las parcas se los llevasen. Entre tanto, la presidenta regional recibía aplausos (con mascarillas y sin ellas) por el supuesto éxito de la “operación Ifema” (uso del recinto ferial como hospital). Y animada por la oportunidad con cargo a la supuesta necesidad, contrataba la construcción a toda velocidad dizque de un hospital, el Cendal, hormigón, chapa y pladur que iba a costar 50 y acabó costando 170 millones de euros.

Si, la pandemia dio para mucho. ¿Conseguirá la comisión de investigación aclarar las mordidas del Cendal o todo, que es bastante, quedará en los escándalos de las mascarillas? Lo que de antemano sabemos es que de los contratos directos para traer mascarillas (más que carillas eran carísimas y de uso obligatorio) trincaron mordidas millonarias la pareja de Ayuso, los malincuentes Luis Medina (duque de Feria) y Enrique Luceño, que se embolsaron seis millones de euros con cargo al Ayuntamiento de Madrid gracias a un primo del alcalde Almeida, y el maladado Koldo García, asesor del entonces ministro y hombre fuerte del PSOE José Luis Ábalos, quien pudo conseguir cerca de un millón de euros. Y también sabemos que Ábalos fue expulsado del PSOE inmediatamente, aunque se negó a devolver el escaño y pasó al Grupo Mixto. Pero está por ver si el sentido de la probidad de Ayuso consiste en utilizar el poder para forrar a su pareja de hecho y demás familia con el visto bueno de su superior, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y cabe esperar de la comisión investigadora alguna luz sobre otros casos, por ejemplo, la presunta mordida de 5 millones de euros que a cuenta de los test del Covid habrían facilitado el dirigente nacional del PP Elias Bendodo cuando era consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y su colega de Sanidad Jesús Aguirre. Continuará.

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Feijóo prosiguió el ataque contra Sánchez y los socialistas: “Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción que afecta a su Gobierno –dijo–, a su partido y probablemente a usted”. Le exigió que dé la cara, aclare hasta donde llega “esta trama de corrupción” y mezcló el “caso Delcy”, la vicepresidenta venezolana que aterrizó en Barajas después de que la UE prohibiera recibir al Gobierno de Nicolás Maduro, utilizó (en tránsito) el pabellón oficial y fue cumplimentada por el entonces titular de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, expulsado del grupo parlamentario y del partido tras el caso Koldo. Añadió que “uno de los líderes de la trama que acompañó al Gobierno al aeropuerto de Barajas” es el mismo que intervino en la negociación con el Ejecutivo del “rescate millonario de una empresa”. Se refería a la compañía aeronáutica Air Europa.

El presidente del Gobierno encajó con aparente tranquilidad los ataques del jefe de la oposición de derechas, consciente de que las responsabilidades políticas por las comisiones del caso Koldo en la compra de mascarillas han sido satisfechas con la expulsión de Ábalos antes incluso de estar imputado (si llega a estarlo) y de que exista condena alguna por las mordidas. Sánchez reiteró que su Gobierno “combate la corrupción, colabora con la Justicia, asume responsabilidades políticas sin doble vara de medir y sin leyes del embudo, y rinde cuentas ante las Cortes Generales creando una comisión de investigación”. El PP la rechaza en el Congreso si no dimite su presidenta Francina Armengol y ha propuesto en el Senado una comisión específica para el caso Koldo, que el PSOE ha votado a favor.

Pero claro está, el presidente Sánchez no podía obviar las informaciones de los dos últimos días sobre las comisiones millonarias del novio de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la compra de mascarillas. El compañero sentimental de Ayuso y consultor sanitario Alberto González practicó unas mordidas cifradas en dos millones de euros por la compra de mascarillas para la Comunidad de Madrid. Eran los primeros meses de la pandemia y este González no iba a ser menos que Luceño y Medina, que operaban de conseguidores de mascarillas para el ayuntamiento de Madrid, también gobernando por el PP, con un beneficio de casi 6 millones de euros. Cierto es que el compañero de Ayuso, que se compró un piso de más de un millón de euros en el distrito de Chamberí de Madrid, disfrazó los beneficios con facturas falsas para escamotear impuestos a Hacienda por 350.000 euros, lo que determinó la apertura de una investigación por parte de la Agencia Tributaria y la consiguiente acusación de la Fiscalía.

Así que Sánchez se encaró con Feijóo: “Le exijo que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado”. Sánchez, que recordó la petición del PP de que cesaran a la directora de la Guardia Civil María Gámez por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado, no se quedó tan solo en la exigencia de responsabilidades políticas al líder del PP, sino que, para referirse a la ductilidad y tolerancia de Feijóo con la corrupción recordó los cinco años de amistad, siendo alto cargo de la Xunta de Galicia, con el narcotraficante Marcial Dorado, a quien acompañó en muchos viajes de placer, incluso a Andorra, donde el narco blanqueó 21 millones de francos franceses entonces. “Y fíjese, usted con la corrupción –le dijo– ha llegado a lo más alto; en mi partido –remató Sánchez– no sería ni concejal de pueblo”.

Se quedó Feijóo protestando porque, según dijo, el Gobierno ha puesto el ventilador. Y agotó el tiempo entre amenazas veladas a la esposa del presidente del Gobierno. ¿Otro dossier? ¿Con sello? ¿De qué Udef?

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Después, con solemne bamboleo de pendolista plasmó la gran frase para la posteridad: “Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su Gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política”.

Y claro, Sánchez, un político socialdemócrata que ha sobrevivido a los más crueles denuestos y bastante mala leche, le contestó sin florituras: “Me causa sonrojo que piense que puede sacar tajada política de la corrupción”. Y afirmó con toda seriedad: “Este es un Gobierno implacable con la corrupción, un Gobierno incompatible con la corrupción”. Eso le dijo sin ahorrar una alusión a las prácticas corruptas que han afectado al principal partido de la derecha en las dos últimas décadas. A lo que
replicó el de Ourense, manejando fichas: “No esparza a nadie lo que usted tiene en la mano”.

Al advertir que quizá no se había explicado bien, el jefe del Gobierno aprovechó el tiempo que le quedaba para aclarar que no tiene nada que ocultar ni ha tapado nada, colabora plenamente con la Justicia, ha propuesto una comisión de investigación parlamentaria y asume de antemano las responsabilidades políticas (“además de las penales”) que hubiere. Pero Sánchez no se quedó ahí. Recordó: “Llegamos al Gobierno para desterrar la corrupción”. Y volvió el espejo hacia Feijóo: “Y usted llegó a la presidencia del PP para taparla ¿Por qué cayó Casado? Por denunciar la corrupción de Ayuso. Y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción”.

Luego ya, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, se lanzó a la yugular del ministro de Justicia con la misma acusación: “Lo sabía todo hace dos años y se calló”. Después de reprochar la prisa del presidente Sánchez (“Ha salido por piernas”, dijo como si ignorara las ocupaciones de la Jefatura del Gobierno), describió un panorama horroroso, con el Ejecutivo “cercado por la corrupción política, moral y económica” de unos tipos que “no paran de robar”. Eso dijo. Le contestó el ministro Félix Bolaños
asegurando que “colaboramos con la Justicia en cuanto tuvimos información –el sumario era secreto– y no ocultamos ni destruimos pruebas ni ordenadores. Imagino que esto, dados los antecedentes del Partido Popular le parecerá muy sorprendente”.

Más allá de la repugnancia que a Bolaños, al propio presidente Sánchez y a los socialistas les produce la corrupción, lo cierto es que la implicación del que fuera asistente del exministro Ábalos en una trama de comisionistas para importar mascarillas durante la pandemia ha venido a sumarse a un mal comienzo político de la legislatura, sólo atemperado por los resultados económicos y el aumento del
empleo. Pero como dijo el que dijo, con estos bueyes hay que arar.

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Pero se ve que lo mismo a Feijóo que su colega de pecho henchido a pie y a caballo les importa un rábano el cambio climático y sus efectos más lacerantes, la falta de lluvia, la escasez de agua, la desecación de los acuíferos, la erosión de las tierras de labor. Con su política de tierra quemada en España (en la UE los conservadores son más razonables), no dudan en ponerse al frente de las tractoradas si con ello consiguen deteriorar al Gobierno progresista.

Lo de esa tropa es el “non piove, porco governo”, las macrogranjas, las explotaciones pecuarias intensivas, la agricultura insostenible, el envenenamiento de suelos y aguas (caso del Mar Menor) con sulfatos y pesticidas, la destrucción de la fauna y la microfauna (abejas incluidas) y, en último término, el beneficio fácil y rápido. Eso sí, sin renunciar a los pagos de la Política Agraria Común, la PAC de la UE.

De esa peligrosa política cencerril del PP y Vox se derivan daños evidentes y paisajes marcianos. Pero tanto les da. Aunque los efectos de la emergencia climática amenazan a los humanes, insisten en tildarlos de “dogmatismo”, “fanatismo” y otras garambainas neoreligiosas, como si el asunto fuera creer o no creer. Con razón Sánchez les tildó de “oposición tóxica” y se quedó corto, pues los postulados de esa tropa abanderada son además muy peligrosos.

A determinados políticos malincuentes convendría recordarles que la unidad de los países europeos se fundó sobre el objetivo claro de no volver a pasar hambre. Todos aceptaron una cierta ordenación del territorio y la puesta en marcha de un sistema de incentivos a la producción y almacenaje de las reservas. Esto tan elemental y positivo durante tantos años para los europeos comunitarios, junto con las evidencias científicas sobre el daño al clima y las normas para no forzar la agricultura sostenible, es lo ahora los dirigentes de unas derechas extractivas y retardatarias niegan para conducirnos un siglo atrás. No sé si en tractor o en jumento, pero así van.

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Aunque los restantes grupos del bloque gubernamental instaron a JxC a aceptar el texto, Nogueras y su jefe afincado en Bruselas lo consideraron insuficiente. Sin posible acuerdo, se votaron y rechazaron las enmiendas de JxC en solitario y las transadas con el PNV. Al final, en votación nominal por llamamiento, los siete diputados de Junts votaron contra la amnistía junto con los dos grupos de derechas (PP, Vox) y sus afines en el mixto. El texto fue rechazado y devuelto a la Comisión de Justicia por 179
votos frente a 171. Su aprobación requería la mayoría absoluta por tratarse de una ley orgánica.

El naufragio inicial llenó de satisfacción al dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien no se conformó con restregar “la humillación” al presidente Pedro Sánchez y llamó a la rebelión a los diputados del PSOE. “En el PSOE ya no hay dos almas, lo que no creo es que haya ni alma”, dijo. Para no dejar dudas de su desprecio político les tildó de paniaguados. “Su sueldo y sus despachos se los deben a Puigdemont –les afeó como si los votos ciudadanos no existiesen– y cuando éste diga colorín colorado, se acabó”.

Tan preparados llevaba Feijóo sus siete minutos de intervención que ni siquiera defendió la independencia judicial, tan querida por la derecha. Por el contrario advirtió que “en el fondo da igual que esta ley de amnistía salga adelante o no porque empezó siendo para el procés, ahora ya acoge el terrorismo y será de alta traición”.

La frase de Feijóo en el sentido de que la norma cubre delitos de terrorismo es del todo falsa. De hecho, el motivo por el que Junts votó en contra del texto fue la falta de protección de Puigdemont frente a ese procedimiento activado cuatro años después de los desórdenes públicos en el aeropuerto del Prat por el juez Castellón.

Con la “alta traición”, el líder del PP se refería al ‘caso Voloh’, cuya investigación a cargo de un juez de Barcelona ha sido prorrogada medio año más para tratar de demostrar las relaciones de algunas personas del gabinete de Puigdemont con prebostes del poder mafioso en Rusia para nutrir (¿financiar?) el llamado Tsunami democràtic.

Las fuentes socialistas consultadas explicaron que el rechazo del texto por parte de los que reclamaban la amnistía para votar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno obligará al PSOE y JxC a retomar la negociación o, en su caso, a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para este año y convocar elecciones generales, algo que los socialistas y sus aliados de Sumar no
desean. Si se retoman las negociaciones, la Comisión de Justicia tendrá entre 15 y 30 días de plazo para modificar el texto rechazado por el pleno.

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Llama la atención el rechazo y voto en contra de la ultraderecha (Vox) al único acuerdo de sus aliados del PP con el resto de las fuerzas parlamentarias cual ha sido esa reforma verbal de la Carta Magna y el compromiso de los poderes públicos de impulsar políticas que garanticen la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad y de atender particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores. Quizá una razón oculta de esa actitud hay que buscarla en el peso superlativo del nazifascismo en las ideas de esa formación política. Y ya es sabido que
las cámaras de gas fueron implantadas por Hitler y sus secuaces para acabar liquidar a “los inútiles e inservibles, poseedores de vidas indignas de ser vividas”. Eso decían antes de extenderlas a los campos de exterminio.

La actividad parlamentaria extraordinaria de este enero vacacional para sus señorías ha permitido avanzar en la tramitación de la proposición de ley orgánica de amnistía que vendrá a exonerar de responsabilidad penal a los autores de presuntos delitos relacionados con la intentona de secesión de Catalunya. Abarcan desde el 1 de enero de 2013 al 13 de noviembre de 2023 y afectan unas mil cuatrocientas personas. El principal motivo de debate ha sido la exclusión de actos supuestamente terroristas. La negociación entre los socialistas y los seguidores de Puigdemont (JxC) han servido para que, en efecto, el terrorismo quede fuera de la amnistía. Por el contrario, los desordenes públicos y atentados contra las autoridades en los que no se haya producido una “vulneración grave de los derechos humanos” quedarán cubiertos por la medida de gracia.

El agudo rechinar de dientes de la oposición del PP, por no mencionar a los que piden la horca para el presidente Sánchez, se ha oído hasta en Bruselas. Sin importarles que la norma se atiene al Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos para no considerar terrorismo los actos en los que no haya habido torturas o muertes, los subordinados del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo se han lanzado a una carrera de descalificaciones de esa enmienda concreta por entender que es un traje a medida de Puigdemont, al que, como es sabido, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón trata de empitonar como presunto terrorista. Del expresident catalán y jefe de JxC se podrá decir que es un cobarde, no se peina y tiene mirada la mirada revirada de los tramposos, pero ¿terrorista?

A cuenta de la tramitación de la amnistía, Feijóo ha proferido una descalificación muy peligrosa de la tarea legislativa, pues al comparar lo que ocurre en el Congreso de los Diputados con lo que ocurría en el Parlament con mayoría de escaños (no de votos) independentistas ha puesto en tela de juicio a la propia institución, nada menos que el templo de la democracia. Y a cuenta de lo que vendrá después –el consiguiente recurso de inconstitucionalidad–, su subordinado Esteban González Pons ya ha anticipado que “el Constitucional es un cáncer para la democracia”. ¿Les superará Ayuso o, de momento, le basta con los bólidos de la F1? De momento, tras la aprobación del texto en la Comisión de Justicia, a la amnistía solo le fata el debate en el pleno y la tramitación en el Senado, donde el veto del PP, que tiene mayoría
absoluta está asegurado y obligará al Congreso a votar de nuevo para refrendar la norma.

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El PSOE, con toda su buena voluntad integradora y de convivencia en paz, libertad y progreso, mantiene el diálogo y busca soluciones al restablecimiento de la concordia, pero, como dice el dicho, recibe cornada por caricia. Cornadas con los dos cuernos, a cual más patriótico y derechista y emberrechinado, “el nazionalista” español del PP y Vox y el “nazionalista” catalán de JxC.

Las votaciones de los decretos del techo de gasto, previo a la presentación del Presupuesto, y de la prórroga y modificación de las medidas contra la carestía, fueron aprobadas después de un empate que obligó a repetir la votación por llamamiento nominal en un largo pleno del Congreso celebrado en el Senado por obras en el edificio de la Carrera de San Jerónimo, gracias a la decisión final de los jefes de
JxP de ordenar a sus siete diputados que cambiaran el “no” por la “no participación”.

Su grado de compromiso quedó claro. Les trae sin cuidado lo que le pase a la gente, les importan muy poco las necesidades de los ciudadanos, el sufrimiento de los que menos tienen y la paz social y el futuro de este país. Esa acracia interesada de la derecha catalana sirve de nutriente a la derecha española, más patriótica
y abanderada que nunca, para cornear sin pausa al Gobierno de Pedro Sánchez y debilitar al PSOE.

Por si fuera poco, las votaciones del miércoles, 10 de enero, demostraron además que los cinco diputados de Podemos, desgajados de Sumar, están dispuestos a pasar factura a Yolanda Díaz por haber prescindido de Irene Montero y Ione Belarra en el nuevo Gobierno. Su voto en contra del incremento del subsidio a los parados de larga duración parece la demostración más clara de que les importa más la vendeta que la clase trabajadora y laboral a la que reclaman el voto. Se comprende que Podemos, ya sin aquel arrollador Pablo Iglesias al frente, prefiera ser cabeza de ratón a cola de león, pero resulta infumable que voten con la derecha extrema y la extrema derecha en el Parlamento cuando, además, se trata de convalidar medidas sociales.

Lo cierto es que después del rechazo de Podemos al decreto sobre las prestaciones por desempleo, la vicepresidenta Díaz tendrá que averiguar la forma de mejorar los subsidios sin que a Montero y Belarra les parezca fatal.

Esa actitud del grupo de los cinco podemitas desgajados de Sumar augura nuevas
dificultades para aprobar los Presupuestos del Estado. Pero como dijo el que dijo, con esos bueyes hay que arar. Ahora que Montero pide avales para presentarse a diputada europea podrá evaluar si su cosecha mengua o crece como consecuencia de la política fraccionaria que les es propia.

A unos (los Puigdemont y cia) y a otros (Podemos) les convendría recordar la famosa frase del célebre Manuel García El Espartero: “Más cornás da el hambre”.

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Sobre el diálogo hay mucho escrito aunque poco se pueda esperar de este primer encuentro. En primer lugar es bueno hablar aunque Feijóo solo acepte lo que le interesa, como bien demostró con un solo debate en la campaña electoral. En segundo lugar, este país tiene muchos problemas sobre los que conversar y acordar aunque poco se pueda esperar del jefe de una oposición que no ha modificado su “no
a todo” desde la pandemia y su accidente político principal: la expulsión de Pablo Casado. Y en tercer lugar, es positivo que el presidente Sánchez haya aceptado la elección de Feijóo del marco del diálogo: el Congreso de los Diputados, que por algo le llaman “templo de la palabra” y sede de la soberanía nacional.

Feijóo está interesado en que Sánchez le cuente sus negociaciones con Puigdemont en Bélgica y en Suiza. Quiere saber si además de la amnistía y el plan de quitas de la deuda de la Generalitat, Sánchez les cederá el Monasterio del Escorial para celebrar bodas. Las materias que afectan a la gente fueron abordadas el jueves por Sánchez y el president de la Generalitat, Pere Aragonés, con cinco acuerdos que van desde el traspaso definitivo de los trenes de cercanías a las infraestructuras hidráulicas ante la sequía que padecen algunas comarcas.

El compromiso político de poner en marcha las reuniones técnicas no orilló el referéndum de autodeterminación en el que los nacionalistas catalanes siguen insistiendo. Con todo, la lealtad institucional y la convivencia parece de pronto una realidad más sólida en Cataluña que en Madrid.

Del nuevo modelo de financiación autonómica quiere hablar Sánchez con Feijóo. Se trata de equilibrar ingresos y gastos, de reducir la deuda autonómica con quitas como la ofrecida a Cataluña y, sobre todo, de acortar las desigualdades por habitante para que la geografía no obstaculice la tendencia a eso que llaman “igualdad” y que, de pronto, aunque sea por mor de la amnistía, la derecha acaba de descubrir. A propósito de la palabra, a Sánchez no le resultará difícil convencer a Feijóo de la modificación del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término “disminuidos” por otro menos
hiriente para las personas con alguna discapacidad física, psiquica y sensorial. En este sentido tampoco resulta improbable que el PP pueda apoyar la norma para dotar a la sanidad pública de nuevos y mejores servicios de salud mental.

El cara a cara a solas, sin “mediador” en función de secretario de actas, entre Sánchez y Feijóo, posee además la virtualidad de conocer la decisión de Feijóo de participar o no en la renovación parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial. Después de cinco años de prórroga, hasta el menos listo entiende que deberían cambiarle el nombre para llamarle ‘Consejo Vitalicio del Poder Judicial’. Claro que con tantos avales de los prebostes de esa cúpula a las posiciones del PP y Vox contra la amnistía a los
encausados del procés catalán, Feijóo, que va de manifa en manifa, preferirá no tocar el asunto y asumir la penúltima recomendación del Vitalicio Guillarte, presidente en funciones de ese organismo en funciones: “¡Déjennos en paz!”.

El jefe de la oposición se encuentra atrapado por sus acuerdos con la ultraderecha desde Castilla y León hasta la Comunidad Valenciana, pasando por La Rioja, Aragón y Extremadura. Está pillado además por la dinámica enloquecida de la presidenta madrileña, muy admirada por Aznar, de marcarle el camino y controlar sus pasos. El discurso de la sandez hiriente para que se fijen en ella no sólo obliga al líder a estar
a la altura de su otrora correligionario y jefe de Vox, sino también de esa mujer que hace malabarismos para figurar como la opositora con más titulares de prensa, radio y televisión contra Sánchez. Así las cosas, vale esperar que a Feijóo le sirva el encuentro para saber si su interlocutor ya ha ido al psicólogo para tratarse de la risa y, de paso, decidir si acepta la comisión de negociación de los grandes asuntos de
futuro que afectan a todos los ciudadanos.

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